Denunció por acoso y abuso sexual a un funcionario de Neuquén y perdió su trabajo: «nunca me cuidaron»

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Se trata de la empleada de planta política que hizo una presentación judicial contra Ernesto Seguel. El servicio «Socorro Violeta» pidió una reunión con el gobernador y el ministro de Economía para conocer cómo se está implementando el protocolo de violencia laboral.

Silvana Cabezas tiene 43 años y es técnica superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial. En 2022 denunció al exsubsecretario de Trabajo de Neuquén, Ernesto Seguel, por acoso y abuso sexual. Dijo que la última vez que la citó al despacho fue para decirle que el exgobernador, Omar Gutiérrez, iba a pasar a planta permanente a todo el personal de planta política, y cerró la puerta.

-Esa era la consigna: tenía que acceder a su acoso para poder llegar a tener mi lugar.

En aquel momento, un juez laboral dispuso el cese de todo acto de violencia y ordenó medidas de protección. Seguel renunció a su cargo y se jubiló. ¿Qué pasó con Silvana?

«Me sacaron de mis tareas. La violencia continuó con el nuevo subsecretario que pusieron. Tuve que volver al cargo obligada, porque tenía miedo de perder el trabajo. Me hicieron a un costado, me saltearon por todos lados en las funciones que tenía a cargo, hasta que el 10 de diciembre (de 2023) me dejaron sin trabajo», contó.

Actualmente se encuentra desempleada, luego de nueve años de trabajar en la administración pública. «Jamás tuve el acompañamiento del Estado», remarcó.

La salida política que encontró Gutiérrez, en el contexto de ese escándalo, fue la creación por decreto de un protocolo de violencia laboral, que actualmente se encuentra judicializado. La Colectiva Feminista La Revuelta sostiene que el procedimiento implementado fue gravemente perjudicial: quienes denunciaron en su mayoría perdieron el empleo.

De acuerdo a lo que explicó la abogada Angélica Acosta Meza del servicio «Socorro Violeta», un espacio de asesoramiento legal y acompañamiento ante las violencias machistas de La Revuelta, el acoso sexual a las trabajadoras es una forma de sometimiento que se ejerce con la promesa de conseguir estabilidad laboral en el Estado.

«Sigo insistiendo en que se cambie el protocolo, el protocolo tiene que estar acorde a la normativa internacional de trabajo, porque realmente se encubren las denuncias», manifestó Silvana, que ayer participó de la conferencia de prensa que brindó La Revuelta frente a Casa de Gobierno.


«No podemos dejar sin trabajo a quien se atreve a denunciar»


El decreto que puso en marcha el protocolo de intervención para situaciones de violencia laboral, acoso y/o discriminación, para quienes se desempeñen en el Poder Ejecutivo, organismos centralizados y descentralizados de Neuquén, creó dos organismos que debían encargarse de su aplicación: la oficina de intervención laboral y la comisión de prevención de la violencia laboral.

Acosta afirmó que el gobierno de Rolando Figueroa removió al personal que estaba en esos puestos. La Revuelta pidió por nota una entrevista con el gobernador y el ministro de Economía, Guillermo Koenig (es el área del cual depende la oficina), para saber cómo está funcionando el protocolo y qué seguimiento hubo en cada caso. Hasta ahora nadie contestó.

La puesta en marcha fue tan crítica que hasta la propia directora de la oficina fue señalada por abuso de poder.

«Un tercio de las personas que denunciaron violencia laboral se quedaron sin trabajo y eso es terrible. Si vamos a prevenir la violencia y vamos a erradicarla, no podemos dejar sin trabajo a quien se atreve a denunciarla», aseguró la abogada.

Agregó que la intención es que se modifique el protocolo, incluida su dependencia funcional, para garantizar un mecanismo con respuestas reparatorias. «No queremos que las personas se queden sin trabajo o en peores condiciones laborales en la provincia de Neuquén por denunciar violencias laborales», subrayó.

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