Robinson Valdez aseguró que resistirá la orden emitida por el Juez Civil de Chos Malal, Carlos Choco.
A principios de abril se libró una nueva orden de desalojo contra un campesino de la zona de Villa Nahueve. La medida judicial podría dejarlo en la calle junto a su anciana madre, pese a que viven en esas tierras desde hace más de 40 años.
“La orden de desalojo es la misma de hace un año. Con la exposición pública (del caso) se frenó, pero no se pudo avanzar con el área de Tierras de la Provincia para intervenir de una manera más institucional”, señaló el tesorero de la Cooperativa Campesina UTEP y referente del MTE Rural, Juan Ruppel.
La orden de expulsión tiene como fecha el 7 de abril pasado y cuenta con la firma del Juez de Paz de Chos Malal, Carlos Choco. Si todavía no se llevó a cabo, estiman que se debe al temporal de viento y nieve por el que está atravesando la zona cordillerana.
Desde la Cooperativa advirtieron que es una situación que reviste extrema gravedad con impacto en las familias crianceras y campesinas del norte neuquino, particularmente de la zona de la Villa del Nahueve, que no cuentan con títulos de propiedad sobre las tierras fiscales que habitan y trabajan desde hace décadas. Alertan que sentencias de este orden incumplen con la ley provincial 263, que indica que la tenencia de la tierra fiscal es para quienes la utilizan para producir.
Ruppel indicó que Robinson Valdez se encontraba en la veranada y que seguía firme con la idea de quedarse en el campo, pese a esta sentencia. “Tenemos bastante miedo de lo que pudiera pasar en el caso de lo que pudiera llegar a hacer en el caso de que fueran a desalojarlo”, sostuvo el tesorero de la Cooperativa Campesina.
Dijo que se trata de una persona de pocas palabras, conocido por los lugareños. “Él sostiene que no lo sacan vivo de ahí. Es una afirmación que los vecinos lo saben e incluso el director de Tierras lo sabe. Robinson siempre anda con esa idea desde hace muchos años”, advirtió.
Gentileza Cooperativa Campesina
Ruppel indicó que se avanzará legalmente con un amparo por la situación de la madre de Robinson, quien vive en el campo de la zona de Villa Nahueve desde más de 40 años. Si bien el juez no la mencionó, también quedará en la calle tras el desalojo.
“Por la vía judicial estamos tratando de que el juez de paz de Las Ovejas, que tendría que intervenir en el desalojo por la jurisdicción, tenga en cuenta a esta señora que es mayor, que no escucha bien y que tiene poca movilidad”, adelantó.
La mujer, con su hijo Robinson muy pequeño, llegó al campo cuando se juntó con Juan Sepúlveda, que fue el primer ocupante. Como hijastro, fue quien siguió el trabajo de Juan Sepúlveda y con los animales, porque el resto de la familia decidió irse.
“En el 2004 salió una sentencia que lo reconoce como ocupante y se reconoce que los Sepúlveda se fueron e hicieron un acuerdo para dejar a Robinson ahí. Después, a través de un contacto con la oficina de Tierras, hacen un contrato con alguien de apellido Urrutia y ahí es donde empieza esta cuestión judicial”, relató. Y agregó: “Sin tener un título de propiedad privada, sacaron un documento para poder expulsarlo, pero siguen siendo tierras fiscales”.
Ruppel cuestionó la decisión judicial, que pone en alerta a cientos de familias del norte neuquino. “No se entiende por qué van a expulsar a un campesino, que está demostrado que hace más de 20 años vive en el lugar, que cría animales, que está en el marco de la ley y que la Justicia lo reconoció en el 2004”, subrayó en alusión a que lo declara como ocupante de las tierras de La Buitrera en Villa Nahueve, que está en el marco de la ley.
“Robinson no sabe leer ni escribir. Hace unos tres o cuatro años, en Fiscalía le hicieron firmar un documento en el que aceptaba irse del campo, sin saber lo que estaba firmada. Ahí se acercó a la Cooperativa. Le leímos que había firmado irse en 30 días, se asustó porque dijo que no lo sabía. Fuimos a fiscalía y reconocieron ‘el error’”, aseguró.
Desde entonces, la Cooperativa Campesina lo acompaña en su devenir legal al tiempo que tratan de visibilizar situaciones de este tipo. “Esto no le ocurre sólo a Robinson sino a otros campesinos que sin saber leer ni escribir se tienen que enfrentar a una red de personas con poder político y económico”, agregó.
Gentileza Cooperativa Campesina
Ruppel señaló que están luchando en la provincia por la reglamentación y por el presupuesto para la Ley de Agricultura Nacional, que se desprende de la ley nacional 2728. Se aprobó en la Legislatura para hacer un relevamiento de invernadas y veranadas del territorio y así conocer en manos de quien están las tierras.
“Para regularizarlas hay que salir a hacer relevamiento con equipos técnicos. Estamos peleando porque no queremos que se venza y volver a andar ese camino que se hizo con las organizaciones. La provincia no quiere reglamentar y presupuestar no sabemos por qué intereses”, cerró el cooperativista.
