El oficial mayor se negó a ceder el quincho lindante a la cárcel de Chos Malal para que los presos accedan al derecho a la educación. Ahora, la fiscalía investiga.
La jueza de ejecución penal del interior, Alicia Rodríguez, denunció en la fiscalía de Chos Malal al comisario mayor Manuel Parada, responsable de la Dirección de Seguridad Interior, por incumplir una orden judicial que tenía por finalidad dar cumplimiento al derecho a la educación que tienen los internos de la cárcel U51.
La crisis carcelaria que se vive en Neuquén se va profundizando cada vez más. Las juezas de ejecución de la provincia decidieron en noviembre del año pasado cerrar los penales debido a las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran las personas privadas de la libertad.
A ese escenario se llegó tras la entrega de la cárcel de Senillosa al Sistema Penitenciario Federal a cambio de los céntricos terrenos de la U9. Si bien sacar la U9 del centro neuquino fue un acierto, todo lo contrario fue el no prever obras para ampliar los penales provinciales de cara a la evidente saturación de todo el sistema.
Con las cárceles hacinadas ya no quedó espacio, en algunos penales, para que los docentes pudieran dictar clases a las personas en situación de encierro.
Fue así que los defensores oficiales comenzaron a advertir una negación de derechos, algo que es inconstitucional e incumple tratados internacionales, por lo que fueron articulando distintos reclamos.
En el interior se le solicitó a la jueza Alicia Rodríguez que arbitrara los medios necesarios para que los presos de Chos Malal pudieran tener clases ya que hasta ese entonces había sido imposible impartir talleres educativos “debido a la acuciante falta de espacio y al grave hacinamiento que afecta a la unidad, derivando en un insalvable escollo para que los profesores puedan enseñar y dar cumplimiento a la manda existente en la Convención Americana de Derechos Humanos entre otros”, advirtió la jueza en la denuncia que radicó el miércoles.
En dicha denuncia, aclaró: “El Poder Judicial debe garantizar la reinserción social de los internos, lo cual requiere que, durante la etapa de ejecución de la pena, los internos se capaciten sobre todo en cursos profesionales con salida laboral”.
Con el anterior director de Seguridad Interior de la Policía se había logrado acordar, bajo consenso, dicha orden judicial para utilizar el quincho policial, pero con el arribo de Parada a Chos Malal las cosas tuvieron un giro inesperado y el funcionario le plantó cara a la jueza mediante una nota del 6 de marzo en la que le manifestó: “Lo solicitado no puede ser factible debido a que este espacio es el único con el que cuenta esta Dirección de Seguridad para el dictado del curso de Cabo Primero de Policía, el que está previsto comience a corto plazo, teniendo distintas convocatorias durante el año”.
Esa fórmula utilizada por el comisario mayor es propia de la Policía cuando se resisten a asumir su rol de auxiliares de la Justicia y tener que ceder sus espacios, porque si hay algo que no se ha perdido en la crisis carcelaria son los espacios que tiene la Policía en los penales.
En el fondo, todos saben que no se trata de una grieta entre Justicia y Policía, sino de una clara ausencia de políticas penitenciarias de parte del Ejecutivo.
Parada ahondó en las excusas: “Es dable mencionar que dicho lugar es utilizado constantemente para reuniones de trabajo tanto con el personal de la Dirección como con los distintos jefes de las unidades dependientes”, explicó el comisario, que remató con la frase: “Reuniones que muchas veces se realizan en forma imprevista tanto en horario de la mañana como de la tarde, por lo tanto, dicho espacio debe estar disponible para ello en todo momento”.
Lo curioso es que su antecesor había dado el visto bueno y aceptado la orden judicial, pero Parada encontró en la fórmula el modo de despegarse: “Si bien oportunamente el coordinador operativo (ausente al servicio desde principios de enero) pudo haber opinado favorablemente para el uso de este espacio, sin embargo, en esa época no se esperaba tener que desarrollar el curso de Cabo Primero de toda la zona norte ya que ello fue dispuesto recientemente a mediados del mes de febrero”.
La precisión quirúrgica de la explicación de Parada concluye con un “saludo a usted muy atentamente”.
La jueza, conocedora desde hace décadas de todas las unidades de detención del interior y comisarías, advirtió la evasiva y recurrió directamente a la ley, por eso radicó la denuncia respectiva.
“Sorprende enormemente que todas las excusas esgrimidas por el comisario mayor Parada no hayan sido mencionadas por su antecesor, máxime que todos conocemos que las decisiones dentro del organismo policial no se caracterizan por su rapidez burocrática”, indicó la jueza en su denuncia.
Rodríguez aclaró: “Notificado de la decisión judicial, el director de Seguridad debió haber dado cumplimiento a la orden impartida con dictamen favorable, a fin de no incurrir en un delito. Preocupa que el servidor público del Poder Ejecutivo considere correcto y fundado desobedecer órdenes judiciales, firmes y consentidas”, concluyó la jueza de ejecución.
Sin pelos en la lengua
Alicia Rodríguez es la jueza que, en febrero, en medio de una audiencia, develó la crítica situación penitenciaria que se vive en Neuquén y la intromisión del Poder Ejecutivo sobre la Justicia.
“Estamos viendo el agravamiento de las condiciones de detención de todos los internos. Si nos ponemos a ver las leyes que estamos vulnerando por solucionarle los errores al Poder Ejecutivo, tenemos que apagar la luz e irnos a casa”, reveló Rodríguez.
Luego, la magistrada agregó: “El Poder Judicial está asumiendo todos los riesgos de un Poder Ejecutivo que no toma conciencia de que se está triplicando el delito por deficiencia e ineficacia de ellos”.
La jueza calificó la actual crisis carcelaria como “la bomba de Hiroshima”, y luego añadió: “Esto que estamos atravesando tiene una progresión geométrica, pero al parecer, la idea es que esto explote. Yo no voy a ir a juicio político porque el Ejecutivo no hace lo que debe”.
